Ley de Vivienda Justa contra la Discriminación

Discriminar es dar un trato diferente a personas de un grupo social perjudicando su acceso a algún derecho; es limitar el beneficio que podría obtener un ser humano sin más motivo que su sexo u orientación sexual, nacionalidad, raza, ideas políticas o religión, entre otros rasgos. En el caso de la obtención de vivienda y para evitar esta práctica de poco respeto, se emitió en Estados Unidos en la década de los sesenta la Fair Housing Act o Ley de Vivienda Justa, que protege la adquisición y habitabilidad de una vivienda, y luego recibió una enmienda o modificación en los ochenta. Entérese cómo puede apelar a esta disposición legal si considera que de alguna manera sus derechos han sido violados.

De qué se trata la Ley de Vivienda Justa

Tal como se lee en la página del Departamento de Justicia de Estados Unidos, La Ley de Vivienda Justa, prohíbe la discriminación por parte de los proveedores directos de vivienda, como arrendadores y compañías de bienes raíces, así como otras entidades, municipios, bancos u otras instituciones crediticias y compañías de seguros de propietarios cuyas prácticas discriminatorias hacen que la vivienda no esté disponible para las personas debido a raza o color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar, o discapacidad.

La ley original (FHA por sus siglas en inglés) prohibía la discriminación por motivos de raza, color, religión y origen nacional, luego la discriminación por motivo de género se añadió en 1974. En 1988 cuando se llevó a cabo la enmienda bajo el mandato de Ronald Reagan, un cambio importante fue prohibir la discriminación contra las personas por motivos de discapacidad. Hoy en día ha ido ampliando su ámbito de acción, abarcando viviendas tanto públicas como privadas. Es aplicada administrativamente por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) y su alcance llega hasta disposiciones sobre diseño y construcción que faciliten la habitabilidad.

Un caso particular de protección contra discriminación

Además de las situaciones ya mencionadas, la Ley de Vivienda Justa, con algunas excepciones, prohíbe la discriminación en la vivienda contra familias con niños menores de 18 años. Por ejemplo impide que los proveedores de vivienda impongan requisitos o condiciones especiales a los inquilinos con custodia de los hijos, como ubicar a estas familias en una sola parte de un complejo, restringir irracionalmente el número total de personas que pueden residir en una vivienda o limitar su acceso a los servicios recreativos proporcionados a otros inquilinos.

En la mayoría de los casos, la Ley de Equidad de Vivienda enmendada prohíbe que un proveedor de vivienda se niegue a alquilar o vender a familias con niños. Sin embargo, algunas instalaciones pueden ser designadas como Vivienda para Personas Mayores (55 años de edad).

Qué hacer si siente que sus derechos han sido vulnerados

Si por cualquier causa considera que usted o su familia sufren de discriminación en algún hecho relacionado con la vivienda, puede comunicarse con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD) de Estados Unidos, Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidad o consulte las leyes de vivienda justa del HUD. Puede presentar una queja por correo o teléfono a:

También puede consultar en el estado donde reside, ya que cada uno puede haber instituido la ley con algunas variaciones, como por ejemplo la inclusión de alguna otra variable de discriminación. En algunos estados existe un formulario preestablecido para llenar. Puede encontrar las oficinas locales que abarcan en algunos casos varios estados en este link. Hay que recordar que lo que se puede denunciar son casos como:

• Negación a alquilar o vender,
• Negación a negociar las viviendas,
• Hacer que la vivienda no esté disponible,
• Establecer condiciones que privilegien sin razón a otros,
• Proporcionar servicios o instalaciones inadecuadas.
• En materia económica por ejemplo no puede haber segregación al otorgar un préstamo hipotecario,
• No puede haber limitación para recibir información sobre préstamos y sus condiciones. En este sentido toca muy de cerca a la banca como ente mediador.

Sepa también que nadie puede amenazar, coaccionar, intimidar o interferir en su derecho a adquirir vivienda, tampoco hacer imprimir o publicar cualquier declaración en conexión con la venta o alquiler de una vivienda que indique una preferencia o discriminación. Nadie puede negar tampoco el acceso a la información sobre cobertura de seguros. En cuanto a la sección especial sobre discapacidades es violatorio si a una persona con movilidad restringida se le obliga a dejar su vehículo en un lugar distante de la entrada, o a alguien con poca visión se le prohíbe tener un perro guía porque en el edificio no se permiten mascotas, entre tantos otros ejemplos.

No obstante en otras circunstancias el arrendador o propietario podría reservarse legalmente el derecho a negociar la vivienda cuando se trate de personas que consuman sustancias, hayan tenido algún conflicto legal grave previo o cualquier otro factor que pueda poner en peligro a la comunidad entera. 

Cómo es el proceso cuando interpone una queja por Ley de Vivienda Justa

Cuando inicie la querella o queja sobre alguna violación a su derecho a la vivienda, considere que empezará un camino legal que puede ser tedioso aunque necesario. Tan pronto envíe el formulario o haga el documento con la explicación del hecho, vienen los siguientes pasos:

• HUD le informa por escrito cuando su reclamación sea aceptada para presentarla bajo la Ley de Equidad en la Vivienda. También le informará al violador (“demandado”) sobre la presentación de su reclamación y le dará tiempo para presentar una respuesta escrita a la reclamación.
• Se procede a una investigación para determinar si hay causa razonable para creer que el demandado violó la Ley de Equidad en la Vivienda.
• El HUD debe presentar la investigación en los próximos cien días.
• Se pasa a un proceso de conciliación entre las partes, es decir la oportunidad para usted y el demandado de resolver su reclamación.
• Se llega a un acuerdo que garantice además que se protege el interés público disuadiendo la discriminación futura por parte del demandado.
• Tras la firma del acuerdo el HUD lo aprueba y se detiene la investigación y la reclamación.
• Si ḿás adelante se viola el acuerdo se inicia una demanda y un nuevo proceso.

En todo este camino puede resultar compensación por daños reales y hasta ayuda equitativa razonable (por ejemplo, que pongan la casa a disposición de usted) y el pago de gastos legales razonables, pero estas son medidas extremas a las cuales no se debería llegar si se toma conciencia con relación a la discriminación y finalmente se le ve como un acto no racional que incluso retrasa el flujo normal del proceso económico que genera el mercado inmobiliario.