El Gobierno de Estados Unidos ha suspendido los acuerdos de cooperación de asilo (ACA) firmados con Guatemala, Honduras y El Salvador.
El fin de estos acuerdos de inmigración en Estados Unidos se produce tras la llegada de la nueva administración de Joe Biden, investido el pasado 20 de enero de 2021.
Se derogan así los convenios establecidos por el anterior presidente republicano, Donald Trump, que permitían la deportación a terceros países de las personas migrantes que llegaban hasta sus fronteras con reclamos de asilo y solicitando refugio.
Acuerdos de cooperación de asilo suspendidos
Estos acuerdos de asilo en Estados Unidos, conocidos también como Acuerdos de Tercer País Seguro, o ACA, se iniciaron con la firma del expresidente de Guatemala Jimmy Morales en julio de 2019. Estos fueron recibidos con duras críticas incluso dentro de sus fronteras por el secretismo con que fueron manejadas las negociaciones. Guatemala fue la primera en adherirse, pero Honduras y El Salvador siguieron su estela permitiendo así que Trump pudiera llevar a cabo sus políticas antimigratorias.
Con la cancelación de estos polémicos tratados, el nuevo gobierno de Biden da un paso para deshacer una de las medidas más controvertidas en políticas de migración de la administración anterior. Y lo hace dentro de sus primeras semanas de mandato, cumpliendo las promesas que había hecho en campaña y que ya auguraba cambios en esta materia hacia soluciones más humanitarias y legales dentro del marco de los derechos internacionales de los refugiados.
Crisis humanitaria y de seguridad: las causas de la deriva al norte
Estados Unidos tomó la decisión de llegar a estos acuerdos dos años atrás por la presión migratoria a la que se vieron sometidas sus fronteras del suroeste debido a la crisis humanitaria y de seguridad de países de Centroamérica, así como al aumento de migración irregular que esto provocó.
En esos momentos, más del 72 % de las personas arrestadas por cruzar las fronteras estadounidenses procedían de países del norte de Centroamérica, especialmente de El Salvador, Honduras y Guatemala, con los que finalmente se firmaron los pactos migratorios. Llegaban a través de México hasta Estados Unidos, y para este último suponía una grave crisis de seguridad para sus propias fronteras.
El ACA permitía a Estados Unidos transferir solicitantes de asilo de Guatemala, El Salvador y Honduras a alguno de los otros países de los que no era originario el solicitante. Con estas deportaciones los estadounidenses negaban la protección que merecen los refugiados internacionales que llegaban hasta su país.
De noviembre de 2019 a marzo de 2020, 579 hondureños y 360 salvadoreños fueron deportados a Guatemala siguiendo estos acuerdos de cooperación de asilo y protección, de los que solo 20 personas terminaron solicitando el asilo formalmente.
De esta forma se vulneraba el derecho a la solicitud de asilo que el derecho internacional otorga a las personas migrantes en su búsqueda de un lugar más seguro y estable para vivir, una de las principales razones por las que han sido objeto de duras críticas desde su entrada en vigor por asociaciones y organizaciones humanitarias y relacionadas con los derechos humanos.
Además de esta medida, desde la transición de poder en Estados Unidos al partido demócrata, se ha empezado a reunir a menores con sus familias, se ha suspendido la polémica construcción del muro fronterizo con México y se han empezado a revisar los Protocolos de Protección a Migrantes.
Por qué se han suspendido estos acuerdos
La decisión de poner fin a estos acuerdos migratorios con países de Centroamérica responde claramente al talante de las nuevas autoridades por desmarcarse de la línea de política exterior de Trump, en este ámbito mucho más dura.
Las políticas impuestas por Donald Trump a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras no respetaban los derechos de las personas migrantes en su petición y acceso al asilo. Los acuerdos permitían a Estados Unidos derivar a emigrantes que llegaran a sus fronteras a otros de estos países. La realidad es que, una vez enviados a alguno de ellos, donde tampoco la situación no era de estabilidad y seguridad, solo el 2 % de los deportados ejercía su reclamación de asilo, por lo que abandonaban su objetivo inicial.
Las asociaciones internacionales denunciaban que los acuerdos de Tercer País Seguro no transferían a los migrantes a zonas seguras, sino que fomentaban el racismo en la frontera estadounidense y vulneraban sus derechos. Es por ello por lo que una vez deportados, de vuelta a Centroamérica, no pedían asilo, ya que las circunstancias no eran mucho mejores.
En qué afectan a la inmigración
La derogación de estos acuerdos el pasado 6 de febrero de 2021 no comporta la apertura de fronteras de Estados Unidos, pero sí es claramente un paso adelante para una nueva política en asuntos de inmigración en EE. UU., donde podría haber cabida para el respeto a los derechos de asilo de los inmigrantes, sin importar su procedencia.
El secretario de estado de Biden, Antony Blinken, ha publicado en Twitter que cumplen así con la “visión de una migración regional segura, ordenada y humana, y que tras la derogación de estas políticas antimigratorias trabajarán con los países afectados para crear una mayor asociación y colaboración entre ellos”.
Sin embargo, también señaló que esto no deja abiertas las fronteras del sur del país, sino que abre la puerta a ampliar las vías legales para la protección y las oportunidades aquí y en la región.
Puerta abierta al futuro
El cese de las deportaciones, que ya estaban paralizadas desde marzo de 2020 por la situación de pandemia, abre un nuevo marco legal por parte de la administración Biden, que parece dispuesto a explorar nuevas formas de gestionar la crisis migratoria derivada de las crisis que sufren los países de su entorno.
En concreto, con la derogación de los acuerdos de cooperación de asilo, Estados Unidos plantea cambios que vayan directamente a la raíz del problema, que aborden directamente las causas que provocan la migración y que permitan una gestión segura, ordenada y respetuosa con los derechos de los refugiados que huyen de zonas inseguras e inestables.
